En los derechos del ciudadano consagrados por la Constitución Nacional , especialmente aquellos vinculados a la dignidad humana, el derecho a una vivienda digna es esencial para la vida de todo ciudadano. Tal vez sea por eso que en el orden local, la vivienda es una de las máximas preocupaciones del gobierno, también lo fue de algunos otros, siendo considerada una de las prioridades junto a la salud y a la educación de toda obra de gobierno que entienda que existen derechos que son insoslayables para que exista en la sociedad una perfecta armonía e igualdad.
Duele, como lo hemos comprobado recientemente, que existan vecinos que obnubilados por una necesidad acuciante, la de la vivienda, dejen de lado sentimientos y obligaciones fundamentales que deben regir su conducta en sociedad, y tomen la extrema decisión de usurpar la vivienda de una persona recientemente fallecida. Sólo la desesperación y la necesidad pueden llevarlos a tamaño acto, propio de sociedades anárquicas, sin leyes ni normas que regulen la convivencia.
No podemos dejar de mencionar aquel refrán del antiguo imperio romano que decía «necesitas caret lege» (la necesidad tiene cara de hereje), una figura con fuerza legal que amenguaba o perdonaba a aquel que hubiese cometido una falta por desesperación.
No con esto pretendemos justificar de manera alguna el acto de referencia, pero sí aceptar que existen grados extremos de necesidad, y uno de ellos es la vivienda, que llevan al ser humano a cometer hechos irreflexivos e ilegales que son inaceptables en toda sociedad organizada.
Esta nota tiene como fin reforzar la idea de dar prioridad absoluta a la vivienda, como un derecho fundamental, que debe convertirse en el eje de toda obra de gobierno, porque sólo aquel que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda, siente la desprotección de quienes sí tienen la obligación de velar por sus derechos y proporcionársela.